Por Anuar Saad
Lo que la comunidad no tiene claro es a quien
beneficia este paro. ¿Están representados en él los conductores de las
tractomulas y camiones? ¿Aquellos que trabajan por jornadas recorriendo el país
en esos gigantes de acero exponiendo a diario su vida? ¿O acaso el paro es para
engordar aún más las fortunas de los “pobres camioneros”, muchos de ellos
dueños de más de la mitad del parque automotor del país?
La petición de la reducción de fletes (que es lo
que demandan los camioneros y a lo que el Gobierno le ha ido dando largas desde
hace años) tiene como sustento lo complicada de la geografía colombiana, el
estado de sus vías y la dificultad que supuestamente representa mover
mercancías por lo largo y ancho de nuestras carreteras. Paralelamente a ello,
está sobre la mesa la reducción del precio de la gasolina y exigen que este se
ajuste a los estándares del precio internacional del petróleo que en los
últimos meses ha caído a 53 dólares el barril.
Más allá de sopesar la validez o no de los reclamos
sería bueno detenerse en la forma del reclamo mismo. No estamos hablando de un
paro de maestros, cuyo sacrificio y entrega por educar a una generación, se ve
compensada con sueldos de quinta categoría. Estamos hablando de un monopolio
empresarial (por llamarlo de algún modo) que en cabeza de dos o tres “capos”
tienen más del 40% de los monstruos rodantes que abastecen todos los municipios
de Colombia. En pocas palabras: es un paro con visos de intereses políticos, de
terceros orquestando desde las sombras la prolongación de un paro con la esperanza
de que, si sigue ahogando al país –llámese ciudadanos del común- al Gobierno no
le quedará otra alternativa que ceder a sus intereses.
Bloquear carreteras, atentar contra un Gobernador y
su comitiva, fomentar desmanes, prender la mecha para que se genere violencia,
inmovilizar a viajantes y obligar a repagar productos cinco veces por encima de
su precio, no es ya un paro: es una de las muchas formas que existe de
terrorismo.
No nos llamemos a engaños: los que están en contra
de la paz azuzan el paro; reinventan triquiñuelas para generar el caos y mandar un mensaje perturbador a la
sociedad. Es cierto y hay que aceptarlo, que el Gobierno –este y los
anteriores—no han sabido manejar o no han querido hacerlo, los conflictos de
vieja data con los transportadores. No se ha llegado a acuerdos definitivos,
sino que, como las abuelas, han querido curar los males con paños de agua tibia
y eso hoy ha explotado.
El pronunciamiento reciente del Gobierno que
anuncia medidas drásticas que incluyen extinción sobre la propiedad de las
tractomulas y camiones que bloquean las vías es una medida radical, pero
acertada. Y lo es, porque la señora de la esquina, que compraba su diario con
15 mil pesos en la tienda, hoy necesita más del doble para comer. Porque no hay
derecho que el apetito voraz de zares del transporte, dueños de fortunas en
algunos casos de dudosa procedencia, y envueltos en turbios líos jurídicos esté
por encima del bien común, tal como lo apunta Manuel Humberto Restrepo Dominguez en una nota en el portal noticioso Las
Dos Orillas: “…¿Afecta para algo que
uno de los lideres principales de la ACC (Pedro Aguilar), gran propietario,
haya sido senador del partido ASI y candidato la última vez por el partido de
la U, y su hermano Luis Aguilar fuera detenido por estafa al estado en el
sector vehicular de carga? ¿Es adverso a la lucha social que en sus bases el
exitoso empresario Henry Cubides fuera calificado como el camionero mayor?
¿Existirá todavía el informe de la Superintendencia anunciando haber
hallado que de 30 mil empresas de carga registradas en la Cámara de Comercio,
solo 2.500 estaban habilitadas por Mintransporte?...”
Es
por eso que, más allá de elucubrar si es justa o no la protesta, condenamos la
forma de hacerlo. No estamos ante una marcha a la que la democracia permite y
alienta. Estamos ante una forma de chantaje que, mientras espera que la balanza
se incline a su favor, le importa un comino que
millones de compatriotas –esos que no son dueños de camiones, incluyendo
a quienes los manejan—estemos desabastecidos de alimentos o siendo víctimas
indefensas de una inflación sin precedente.
Mientras
tanto, ellos ahí, tal cual como “la pobre viejecita” haciendo muy mal el papel de víctimas.
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